Día internacional contra la mujer

En el siguiente artículo Fernando Serra cuestiona las políticas de discriminación positiva como contrarias a la igualdad en el respeto de los derechos y en el ejercicio de la justicia.
Una sociedad que renuncia a exigir la igualdad no puede pretender ser justa. Si toda sociedad tiene sentido precisamente para proteger a los débiles, porque el individuo siempre es más vulnerable, no se puede rehusar a la defensa de la igualdad, garantizando el derecho del eslabón más débil con el refuerzo de otras estructuras complementarias, pero sin colisionar con los derechos del resto de los miembros de la sociedad.

Discriminación positiva

Fernando Serra en Libertad Digital

No creo que Gianni Vattimo fuera consciente cuando formuló el llamado “pensamiento débil” como el nuevo camino hacia la emancipación de que también esta denominación parece indicar la tremenda debilidad de las mentes que son receptivas a sus argumentos. Además, el poder de penetración de este supuesto pensamiento no tiene fronteras ideológicas o sociales pues alcanza a todos los partidos, grupos y estamentos, aunque los primeros y más entusiastas depositarios son, claro está, los llamados “progresistas”, huérfanos de ese potente cuerpo teórico que fue el marxismo. Existe un meridiano ejemplo.

Hace ya dos siglos las democracias liberales proclamaron que todos los ciudadanos eran iguales en derechos y las leyes dictadas desde entonces han desarrollado este principio en todos los órdenes y para todos los grupos, y a pesar de ello la realidad no termina de reflejar lo que el orden institucional establece dado que siguen existiendo colectivos desiguales. En lugar de reconocer que las desigualdades entre grupos sociales son reminiscencias del pasado y que la igualdad en una sociedad abierta es solamente una tendencia que se acelera con la libertad, el pensamiento débil cree tener la solución: basta con elaborar nuevas leyes que favorezcan a los grupos más retrasados y se llegará entonces a la perfección sin importar que ello suponga la quiebra del Estado de Derecho. En el fondo este supuesto nuevo pensamiento se nutre del más rancio porque considera que, dejados los hombres en libertad dentro de un marco de leyes neutrales que no favorezca a unos frente a otros, los individuos se comportan mal y debe entonces el Estado corregir.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hemos asistido estos días a una avalancha de normas que pretende reparar esta “injusta” situación y que da idea de cómo la discriminación positiva está hoy asumida como una práctica irrenunciable de la corrección política. La Constitución Europea recién votada en plebiscito proclama que “la igualdad entre hombres y mujeres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución”, aunque “el principio de igualdad no impedirá el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas para el sexo menos representado”. No importa que dos artículos antes se contradiga prohibiendo “toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. Además, patronal y sindicatos han firmado recientemente el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) para este año en el que recomiendan que los convenios incluyan “cláusulas de acción positiva para fomentar el acceso de las mujeres, en igualdad de condiciones, a sectores y ocupaciones en los que se encuentren subrepresentadas”. Y para rematar toda esta labor de ingeniería social, el Gobierno de ZP, fervoroso seguidor del pensamiento más endeble, anuncia un paquete de medidas para alcanzar “la plena igualdad de la mujer" en el que no solamente está previsto aplicar la discriminación positiva para favorecer el empleo femenino en la administración, sino también en las empresas privadas ya que se marginarán a las que no tengan mujeres en puestos directivos a la hora de concursar en contrataciones públicas.

La discriminación positiva no es solamente aberrante porque anula el principio básico de convivencia ya que impide que la ley se aplique igual para todos, sino porque tiene, como tantas otras veces que se practica la ingeniería social, efectos contrarios a los buscados y termina siendo un freno hacia una mayor igualdad de oportunidades. Si el Estado legisla para satisfacer las reivindicaciones de un grupo, generará incentivos para que los colectivos más activos políticamente formen lobbies y consigan privilegios en contra de otros sectores que muchas veces pertenecen al mismo grupo, ya sean mujeres, minorías raciales, inmigrantes o confesiones religiosas. Thomas Sowell ha analizado este fenómeno en su obra Affirmative Action Around the World. An Empirical Study y ha constatado cómo las medidas que en los Estados Unidos se empezaron a aplicar en los años sesenta a favor de los negros y de otras minorías, casi inmediatamente después de aprobarse en 1964 la Ley de los Derechos Civiles, han tenido nefastas consecuencias. Se ha producido una polarización dentro de estos colectivos entre un grupo privilegiado que supo aprovechar este tipo de políticas y una mayoría que vio cómo se frenaba su promoción social y que incluso se hundió en una mayor marginación. Mientras que una minoría ligada al poder político se beneficia de las cuotas el resto pierde incentivos por el trabajo porque consigue promocionar de forma temporal por su pertenencia a un colectivo y no por el esfuerzo personal. Tal es el grado de consenso a favor de la discriminación positiva, que no es arriesgado suponer que este Día Internacional de la Mujer va a ratificar un proceso que se volverá contra la mujer.