El ataque a la familia
VICEPRESIDENTE DEL FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA
El Estado ha decidido meterse en la cama con los españoles, al redefinir el matrimonio como un contrato provisional sin referencia alguna al sexo de los contrayentes, configurado como mera relación afectiva entre adultos. Así, con la equiparación de cualquier tipo de relación afectiva con el verdadero matrimonio, éste pasa a una situación de alegalidad y la familia se diluye, se ve privada de cualquier tipo de protección legal y pierde legalmente su sentido como fundamento básico de la sociedad.
Los españoles no podemos asistir con los brazos cruzados a los intentos de destrucción de algo tan esencial. La familia hoy se encuentra injustamente atacada y el Foro Español de la Familia ha salido a la calle para defender la institución del matrimonio y el bien de las personas, en particular el de los niños y los jóvenes. El PSOE llegó al poder de la mano del talante y la renovación democrática. Frente al gobierno del PP, al que acusaba de insensible a la voz del pueblo, Zapatero ofrecía el diálogo y la transparencia como garantías de buen gobierno. Al grito de «no hay límites al poder del pueblo»; y en su nombre han comenzado a prescindir de él.
En los sistemas de democracia representativa, como el español, el pueblo y sus derechos se encuentran garantizados por el correcto funcionamiento del procedimiento democrático. El recurso dialéctico constante de los miembros del Gobierno socialista al mandato del pueblo suena ya a excusa forzada. La voz del pueblo que ellos citan no es tal; no es más que la voz de unos gobernantes, que en nombre de su propia razón de Estado hacen suya esa famosa frase de los monarcas absolutistas: «Todo para el pueblo pero sin el pueblo». El pueblo son sus instituciones, y para escuchar al pueblo es imprescindible escuchar a todas y cada una de ellas, para garantizar sus derechos y la democracia.
Por eso resulta un peligro para la democracia un gobierno que, en nombre del pueblo, prescinde de sus instituciones para sacar adelante un proyecto minoritario sin el mínimo consenso social. Así, no ha escuchado las recomendaciones del Consejo de Estado; ha ignorado al CGPJ, obviando su labor consultiva para leyes que afectan a los derechos fundamentales; y si nada lo remienda, prescindirá de la voluntad soberana del Senado. Prescindir de las instituciones conduce a prescindir del pueblo, como demuestra la exclusión del Foro Español de la Familia, que representa a más de cuatro millones de familias, y del más de millón y medio de personas que acudieron a la manifestación del 18 de junio, a la hora de abordar la reforma de la institución familiar.
Desde el principio no hemos dejado de ofrecer alternativas y plantear soluciones. El Gobierno no puede adoptar leyes y políticas que afectan a la familia y la infancia sin la interlocución de las organizaciones familiares. Por eso pretendemos que el Ejecutivo retire los proyectos de ley de equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio y de reforma del divorcio y solicitamos la creación inmediata de una mesa de diálogo, que inicie un trabajo con las organizaciones familiares para abordar desde su origen y causas, y de manera seria y rigurosa, dichas problemáticas, y consensuar fórmulas que ayuden a solucionarlas.
Son muchas las necesidades sociales pendientes de respuesta por parte del Ejecutivo; no en vano España es uno de los países europeos que menos porcentaje del PIB dedica a políticas familiares: 0,5 por ciento, frente a la media europea del 2,2 por ciento. No se trata de reivindicaciones nuevas; es más, casi todas ellas aparecían en el programa del PSOE en materia de familia, que, a un año de las elecciones, sigue inédito. En particular, la creación de la Secretaría de Estado de Políticas Familiares, la creación del Consejo Estatal de Políticas de Familia, la ley de Apoyo a las Familias con Necesidades Especiales, el apoyo a la familia en los Presupuestos de 2005, la reforma fiscal, las prestaciones por hijos a cargo, la extensión de la paga de los cien euros, las ayudas a la natalidad y la prestación económica por nacimiento.
Otras, como las reformas legislativas en materia de conciliación, la universalización de las prestaciones sociales por hijo a cargo, el abaratamiento de la vivienda o la retribución a los miembros de las familias por su dedicación a los hijos y personas dependientes, no son más que exigencias de justicia debidas a la función social de las familias.
La familia aporta a la sociedad las nuevas vidas y el entorno adecuado para ampararlas; la familia es la verdadera seguridad social que siempre acoge y llega a donde no llega la asistencia pública; la familia aporta calidad de vida y humanidad, pues en ella las personas son queridas por el hecho de existir. Sin familia no existiría solidaridad social universal y problemas como el paro o la atención a las personas dependientes se volverían dramáticos. Por todo ello, la familia merece protección jurídica y amparo de los poderes públicos. Por todo ello, atacar a la familia y a su origen, el matrimonio, es una grave injusticia.
Los totalitarismos del siglo XX no lograron acabar con la familia y tampoco lo lograrán las ideologías de género en el XXI, porque la familia se defiende a sí misma, como la vida.
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