Opiniones en ABC. Deriva autonómica.

El extravío autonómico

EDURNE URIARTE

Últimamente, acontecen absurdos políticos como el siguiente: en dos de las entrevistas de la campaña gallega, preguntaban a Anxo Quintana y a Manuel Fraga por su prioridad en caso de triunfo, y he aquí que los dos contestaban exactamente lo mismo; su preocupación máxima era reformar el Estatuto. Pero, ¿qué está pasando? Sustancialmente, que, bajo el impulso de las reivindicaciones nacionalistas, nuestro país ha sido engullido por una vorágine reformista en la que todo el mundo está atrapado de una forma o de otra, aunque los únicos que sepan para qué sean los nacionalistas. Es la segunda transición, como afirma el presidente del Gobierno, pero, a diferencia de la primera, en ésta no hay un proyecto político nacional, ni valoración de las consecuencias, ni conciencia de su trascendencia histórica. Y las élites políticas, ni saben qué quieren ni adónde van.

Es cierto que el proyecto de Fraga es muy diferente al de Quintana, que el nuevo estatuto catalán es inconstitucional y que la reforma consensuada por los populares y socialistas valencianos es constitucional, que también la propuesta de Jaime Matas está dentro de los límites de la Constitución y que no se puede equiparar con la catalana. Bien, pero hay una pregunta que nadie ha contestado; mejor dicho, que ni se ha planteado, que es la referente a las razones por las que nos hemos metido en esta revisión global de nuestro sistema autonómico. Porque el PP ha establecido unos límites a las reformas, pero ha eludido las preguntas previas sobre el sentido y orientación de esta revolución. Y, en la práctica, se ha limitado a sumarse al proceso abierto por los socialistas.

Sabemos cómo y por qué empezó todo esto, pero no tenemos ni idea de dónde acabará. Como siempre, hemos sido arrastrados por las reivindicaciones nacionalistas, y, en segundo término, por el giro de la política autonómica impulsado por el PSOE. Porque la segunda legislatura de Aznar inició lo que pudo ser el proceso de cierre definitivo del estado de las Autonomías, pero el PSOE nos devolvió a la Transición, con la diferencia de que ahora se trata de descentralizar lo ya descentralizado. Una vez instalados ahí, realmente, no había forma de parar los efectos de los agravios comparativos. Si los nacionalistas quieren más poder y más privilegios y hay un gobierno que se los va a conceder, ¿por qué van a ser menos los valencianos, los andaluces o los madrileños?

El PP ha sido incapaz de salir de ese círculo vicioso. Bastante comprensible electoralmente, porque en esta feria de reivindicaciones, el que no exige una mejora de la financiación o una nueva transferencia es el más tonto del país. Y la consecuencia es que el objetivo de un estado fuerte está desaparecido de nuestro debate político. Ni siquiera sobrevive entre las élites. Lo único que cuenta es quién arranca más y mejores privilegios para su coto político particular, también llamado comunidad autónoma.

Un partido de clausura

Por M. MARTÍN FERRAND

Un viejo paisano y veterano colega en la prensa gallega me telefonea, ignoro si por cuenta propia o ajena, para «explorar, si es que llegaran a producirse, los efectos mediáticos de un pacto entre algunos disidentes del PP y los socialistas de Emilio Pérez Touriño». Confieso mi sorpresa. Aun en el secreto de la miseria de la condición humana a los clásicos nos queda la consideración de las formas, y, mírese como se quiera, la hipótesis de que, mientras en Pontevedra se cuentan los votos de los residentes ausentes, haya esforzados -poco importa el bando- trabajando a favor de su propio futuro de poder y en contra de la sigla que les sostiene resulta obsceno. Mucho.

Luego, cuando los votos estén contados, caben los ejercicios de cintura, y aun así sigue vigente por una legislatura el contrato fáctico suscrito por los candidatos de cada lista con los electores de cada circunscripción. Otra cosa es lo que, con oportunidad y lucidez, apuntaba este pasado domingo en la Tercera de ABC José Antonio Zarzalejos. ¿Por qué el PP, con Fraga en su cabeza galaica, no puede explorar alguna modalidad de entendimiento o pacto con el BNG antes de retirarse, si las circunstancias lo exigen, a sus cuarteles de invierno? ¿Sólo los socialistas pueden llegar a puntos de concordia con una formación, como el Bloque, que es todo un catálogo de ideas y posiciones políticas?

Según nos va enseñando la perspectiva del tiempo, sabia maestra, el peor servicio que, entre muchos excelentes, le hizo José María Aznar al PP fue el de convertirlo, a lo largo de su segunda legislatura, en un partido de clausura, contemplador de su propio ombligo, sin más vistas al exterior que aquellas que exigen escala en Washington y sin otras relaciones en el interior que con los idénticos. Así se ha ido adelgazando un cuerpo político que, por sus frutos, estaba llamado a un mayor tiempo de gobierno. A esa parte de la herencia aznarita debe renunciar Mariano Rajoy para comportarse según las tradiciones de su pueblo natal, las notas de su carácter y la cortesía conservadora a llevarse bien y en concordia con todos cuantos se dejen.

El recuento de los votos emigrantes no cierra el proceso electoral en curso. Para el PSOE, obligado por una realidad numérica, se abre un tiempo de negociaciones y acuerdos; pero, aun en el supuesto de una renovada mayoría -que hasta el final de los recursos nadie es dichoso-, ¿no debiera Rajoy salir del claustro en que le encerraron las costumbres de su predecesor y hablar con los demás? El encerrarse en el monopolio de la oposición y, entre dos sesiones consecutivas de maitines, no hablar ni con ajenos ni con diferentes es una forma patológica de vivir el pluralismo que marca el tiempo y refleja la sociedad. Con mayoría absoluta o relativa, que la distancia tiene decimales, el PP podría gobernar en Galicia. Pagando el precio de la diferencia, claro está.