El triángulo

El triángulo
Por JAIME MAYOR OREJA, VICEPRESIDENTE DEL GRUPO POPULAR EUROPEO

IMAGINEN la figura de un triángulo, con sus tres vértices: en el primer vértice coloquen al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el segundo sitúen al lehendakari Ibarretxe y a su partido, y en el tercero pongan a ETA.

El objetivo del primero: abrir un proceso de negociación con el cebo de la paz; el del segundo, asegurar el Gobierno nacionalista; el del tercero, superar su exclusión de las instituciones vascas e impulsar un proyecto de ruptura.

Tres protagonistas que ya han iniciado un proceso en el que cada parte trata de encontrar satisfacción política a sus objetivos.

Un proceso que se ha iniciado con tres éxitos de ETA y con tres cooperadores necesarios: un segundo triángulo. El primero, en Estella, en el seno del nacionalismo vasco; el segundo, en Perpiñán, involucrando en la ruptura al nacionalismo radical catalán; y el tercero, la relegalización de su brazo político a través del Partido Comunista de las Tierras Vascas, que cuenta con la omisión del Gobierno.

Para poner en marcha ese proceso de negociación, que al final supondrá pagar un precio político por la paz, se paga un anticipo, un primer precio político a ETA: el Gobierno socialista acepta un primer proyecto de ruptura que viene de Cataluña y que está bendecido por ERC a cambio de que ETA acepte iniciar el proceso de negociación.

Este retrato de situación se ajusta mucho más a la realidad actual que al acuerdo entre el PP y el PSOE que llamamos Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

Afirmar que el socialismo español ha ido progresiva, gradual, y a veces radicalmente cambiando en su aproximación al nacionalismo vasco y al fenómeno terrorista, es una evidencia.

El cambio profundo arranca en marzo del año 2000 tras la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular. Es verdad que fue el actual presidente de Gobierno quien lanzó la conveniencia de formalizar un Pacto contra el Terrorismo, pocos meses después. Pero en aquel momento confluían dos trazos, dos tendencias que definían muy bien la situación general y la posición de los socialistas españoles.

Por un lado, un sentimiento generalizado, muy extendido en aquellas fechas, del éxito que constituía el consenso básico (con el consiguiente respaldo del Partido Socialista) en torno a una política antiterrorista diseñada por el Gobierno del Partido Popular que daba evidentes frutos; y en segundo lugar, un interés, poco disimulado de los socialistas españoles, de volver a incorporar al PNV a una «Mesa de Partidos».

Desde el Gobierno del Partido Popular no teníamos nada en contra de la formalización de este Pacto, aunque tampoco lo considerábamos una necesidad, porque el acuerdo del Gobierno con los socialistas había funcionado extraordinariamente bien sin necesidad alguna de una escenificación formal.

Siempre he reconocido, en privado y públicamente, que los dirigentes socialistas, en aquellos años de la primera legislatura de nuestro Gobierno, trabajaron y colaboraron de forma excelente y leal.

Pero volviendo a la pequeña historia de aquel acuerdo, lo que no podía ser es que, después de la tregua-trampa de ETA, y una vez que el PNV había abrazado el proyecto político de ruptura de ETA en el Pacto de Estella en septiembre de 1998, repitiéramos el mismo contenido del Pacto de Ajuria-Enea suscrito hacía más de diez años.

Por todo ello, y con el ánimo de no entorpecer la formalización de este acuerdo, introdujimos las únicas novedades del mismo, que se recogieron en el preámbulo.

En primer lugar, nos exigíamos que no sólo no se podía negociar políticamente con ETA sino que tampoco se podía negociar políticamente con aquellos partidos que habían negociado a su vez proyectos políticos de fondo con ETA.

En segundo lugar, PP y PSOE acordábamos que mientras el PNV continuara asumiendo un proyecto de ruptura como el acordado con ETA y escenificado parcialmente en Estella, los dos partidos nacionales se comprometerían explícitamente con la presentación de una alternativa constitucionalista en el País Vasco.

Recibí, casi de inmediato, la llamada del interlocutor socialista, que, aceptando la primera de las consideraciones, me solicitó que, aunque estaba de acuerdo en la alternativa constitucionalista entre PP y PSOE, para ellos resultaba extraordinariamente difícil tal grado de explicitación, a lo que finalmente accedimos.

Y que conste que no se trata de entrar en un debate estúpido, sobre si el Pacto es más de Rodríguez Zapatero por haberlo solicitado formalmente o si fue más del Gobierno Popular por haber aportado las únicas novedades en cuanto al contenido del mismo.

Lo que es exigible es que el presidente del Gobierno, con una prepotencia fuera de lugar, no vuelva a afirmar que el Pacto continúa porque lo dice él, al margen de cualquier análisis de la realidad.

La exigencia, una mutua exigencia entre los dos grandes partidos, era y es la única esencia de este Pacto, como lo fue en su momento en el Pacto de Ajuria Enea, cuando los firmantes nos obligamos a no negociar políticamente con los terroristas.

Pero la proyección exterior de este cambio profundo del socialismo español comienza a partir de las elecciones vascas celebradas el 13 de mayo de 2001 y tiene tres jalones fácilmente identificables; un tercer triángulo.

En primer lugar, la defenestración de Nicolás Redondo; en segundo término, la aceptación del arbitraje de ERC en el Gobierno de Cataluña pese a los acuerdos de Perpiñán entre ETA y la propia Esquerra que se traducen en la tregua catalana de ETA, y por último, la parálisis, la inacción del Gobierno de Rodríguez Zapatero en el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas.

En consecuencia, Mariano Rajoy no sólo hace bien cuando denuncia la deslealtad del Gobierno socialista para con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, sino que, alejándose del proceso que ha iniciado ya José Luis Rodríguez Zapatero, cumple con la obligación democrática y moral que tiene contraída el Partido Popular con la sociedad española.

Como la estrategia de comunicación del Gobierno ha consistido en la demonización del Plan Ibarretxe, y el enaltecimiento simultáneo (y casi sustituyente, si se me permite la expresión) del Proyecto Maragall-Carod- Rovira, pese a su paralelismo evidente, los socialistas se han apresurado a afirmar que el Plan Ibarretxe ha fracasado en las últimas elecciones vascas. Y no es verdad, el Plan Ibarretxe no ha fracasado en las últimas elecciones vascas. Han fracasado Ibarretxe y el Partido Nacionalista Vasco en su intento de tratar de representar a todo el conjunto del nacionalismo vasco con un Plan que fue, por cierto, tan teatral y lamentablemente escenificado en el Congreso de los Diputados. El Plan Ibarretxe es la herencia política de ETA, es el Proyecto Político del «movimiento nacionalista vasco», y hoy los nueve diputados del Partido Comunista de las Tierras Vascas otorgan a ETA el mismo arbitraje político que tiene ERC en Cataluña. Esa es la clave de la nueva situación. Y ese es el efecto de la relegalización de ETA.

La política antiterrorista constituye un conjunto de medidas sucesivas que al final configuran un proyecto. Casi con las mismas palabras referidas a los terroristas, se pueden realizar dos políticas diametralmente opuestas.

No es la primera vez que un Gobierno socialista dice que practica una política antiterrorista para llevar adelante exactamente la contraria.

He aprendido que sólo hay dos políticas ante el terrorismo de ETA: la asentada en el aislamiento político y social del entramado terrorista, que busca la derrota de ETA, o aquella que busca la negociación con los terroristas, pagando, siempre, un precio político por la paz.

Eso es exactamente lo que hizo el PNV en Estella y eso es también lo que apuntó el Gobierno socialista en el año 1992 con aquel escandaloso cambio de trazado de la autovía de Leizarán a instancias de ETA.

El presidente del Gobierno cree que es posible iniciar un proceso de paz que culmine en una negociación política con ETA, enmascarada por el impulso político que viene de Cataluña de ERC, con el apoyo del señor Maragall.

Pero que no cuente con la coartada del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, ni con el Partido Popular, que sigue y seguirá fiel al contenido del mismo.

Concluyendo, a ETA se le podrá derrotar, como ya se ha demostrado a lo largo de los ocho años de Gobiernos del Partido Popular, pero nunca engañar, porque en «mesas» presididas por las mentiras y las trampas, es imbatible.

El Partido Popular tiene mucho que decir y hacer en los próximos meses. Puede, debe y tiene la obligación política y moral de representar y movilizar democráticamente a una mayoría de españoles que no quieren ni romper la Constitución Española ni negociar con los terroristas ni pagar un precio político por la paz.